Durante los años noventa los análisis sobre la política migratoria española en materia laboral señalaron su carácter reactivo y, en ocasiones errático. Sin embargo, a lo largo de la década pasada aparecen en el panorama nacional una serie de iniciativas proactivas dirigidas a la regulación de las migraciones laborales. Estas iniciativas surgen vinculadas tanto a las nuevas necesidades de algunos sectores económicos en un momento de boom económico, como el que experimentó España durante la década pasada, como a la búsqueda de mecanismos de regulación alternativos capaces de cumplir los objetivos de supervisión y control de los flujos promovidos por el Estado. Entre estos han destacado las iniciativas dirigidas a la contratación de trabajadores en países de origen. A pesar del peso reducido que este tipo de iniciativas han tenido en el conjunto de la regulación laboral migratoria estas han destacado no sólo por mostrar una nueva filosofía de la gestión migratoria, acorde con muchos de los principios emergentes en el panorama internacional, sino porque han supuesto formas de gestión de una gran complejidad en las que han intervenido un importante número de actores públicos y privados. El desarrollo del proyecto ha permitido constatar que estas iniciativas incorporan a trabajadores con distintos perfiles y en distintos sectores económicos, aunque las experiencias que han incorporado volúmenes más amplios de trabajadores y las que han tenido más continuidad en el tiempo se han implantado en el sector agrícola.